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La realidad de la lucha contra la discriminación en la Unión Europea y Argentina

La legislación y la normativa en Europa en temas de discriminación y racismo son claras. De hecho, tal como informa en sus conclusiones el Informe publicado por la Comisión Europea, los 28 países que la conforman han incorporado a sus ordenamientos jurídicos nacionales las normas de la Unión Europea destinadas a luchar contra la discriminación por motivos sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.

Pero no es necesario ‘cruzar el charco’ para encontrarnos con políticas públicas que promuevan el derecho a la no discriminación y la valoración de la diversidad cultural. Argentina, por ejemplo, es uno de los países con mayores avances en legislación para las minorías: cuenta con el Instituto Nacional Contra Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la ley de migraciones prácticamente equipara en derechos a los migrantes con los nativos, es el primer país que tiene una ley de identidad de género que no requiere diagnósticos médicos o psiquiátricos ni operaciones de adecuación corporal como requisito para acceder al derecho, y su ley de matrimonio igualitario puso al país de Maradona como uno de los primeros en legalizar la unión entre personas del mismo sexo.

Estos avances en pos de la igualdad de derechos se convierten cada vez en un fenómeno que se extiende por las demás latitudes. El Perú no es ajeno a estos avances y es por eso que, desde el Ejecutivo, se está trabajando en la constitución la Comisión Nacional contra la Discriminación (CONACOD), un espacio intersectorial que articulará, desde las competencias de los distintos ministerios, un trabajo efectivo y eficaz para enfrentar la discriminación, fenómeno histórico-social que nos sigue retrasando. Es comprensible que así sea, pues la evolución del pensamiento humano implica reivindicar a quienes históricamente fueron desplazados, rechazados y hasta castigados por el simple hecho de tener un origen o posición distintos. Sin embargo, el cambio, la adecuación en la legislación no es necesariamente suficiente: hay que trabajar en su aplicación.

Europa y Argentina: una disociación entre normativa y realidad

La Gran Recesión, la crisis económica que desde el 2008 afecta a Europa y Estados Unidos, y que ha llevado a países como España y Grecia a periodos de crisis que las alejan de los años del ‘estado de bienestar’, así como las constantes crisis que padece Argentina (la última es la devaluación de su moneda, el Peso, que pone en peligro la economía de los hogares), han funcionado como catalizadores que muestran lo peor de estas sociedades.

La legislación está en el papel, los derechos son intrínsecos a los ciudadanos y ciudadanas, sin embargo, son constantes los casos donde la discriminación se da a todo ámbito. Así lo arrojan las conclusiones a las que llegó el Observatorio de Derechos Humanos, que muestra que en Europa la discriminación, el racismo y la xenofobia son problemas instalados en estos países y urge empezar a trabajar en ellos. La implementación para llevar a la práctica lo que dice el papel es el gran desafío al que se enfrenta un continente que siente las consecuencias de la crisis y que llevan a nacionalismos febriles y a la xenofobia, pues todos buscan trabajo y las vacantes son reducidas.

A su vez, Argentina muestra grandes índices de discriminación, que se acentúa cuando la crisis llega. Un ejemplo que ilustra esta situación se dio cuando, hace unas semanas, el sistema energético argentino colapsó y la luz era un servicio escaso. Mientras unos festejaban porque en barrios pudientes no hubiera luz, otros mostraban su indignación porque algunas villas (pueblos jóvenes, barriadas) sí contaran con este servicio, que escaseaba en sectores donde habita la aristocracia argentina. “Los argentinos nos pensamos como un país blanco, europeo, moderno y católico -a lo sumo, secularizado- desde fines del siglo XIX”, apunta para El País (Uruguay) el sociólogo y doctor en Antropología Alejandro Frigerio. Esta realidad colabora para generar un clima hostil contra los afroargentinos, a quienes se les atribuye rasgos negativos que tienen su único asidero en los estereotipos con los que la sociedad ha ido creciendo.

Cabe mencionar un fenómeno que se alinea más con esta región del mundo. Así como en Argentina, en Perú y en la mayoría (sino todos) los países latinoamericanos la discriminación tiene un factor que se suma al racismo: la racialización de las relaciones de clase, un modelo que mezcla la condición económico-social con un supuesto origen indígena, mestizo o afrodescendiente, lo que constituye un imaginario en el que los que están fuera de la frontera o de la ‘zona de confort’ tiene que ser repelidos: de ahí palabras como ‘villero’, o el lamentablemente institucionalizado ‘cholo’, en nuestro caso, como insulto segregacional.

Es un gran avance que las constituciones de los países que conviven con esta problemática las consideren y se hable de la necesidad de crear programas políticos que ayuden a la inclusión y no a la discriminación. Sin duda es una tarea compleja y de largo plazo. A lo que dice la Constitución, que garantiza el derecho a la no discriminación, se le suma la creación de la Comisión Nacional Contra la Discriminación (CONACOD), que da muestras de los avances que el país realiza en su lucha contra la discriminación. Es, entonces, una tarea conjunta en la que tanto el Estado como la ciudadanía deben trabajar juntos para consolidar un país que forje una cultura de paz y donde las relaciones entre ciudadanos y ciudadanas se basen en el respeto a la diversidad cultural y el derecho a la no discriminación.