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Libre expresión, dignidad y derecho a la no discriminación

La lucha contra la discriminación, desde el marco jurídico, se ha dado en nuestro país, como en la mayoría de la región, en la última década. Lo positivo de esto es que se ha instalado en la agenda pública la problemática y las consecuencias que generan estos actos; sin embargo, siembra la polémica entre dos derechos fundamentales que, por sus propias naturalezas, se pueden superponer con lo que se difuminan los caminos a seguir: Libertad de Expresión vs. Derecho a la No Discriminación.

¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cómo lograr el equilibrio? Son preguntas cuyas respuestas ensaya Ricardo Bucio Mújica, Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred - México), en el marco del coloquio internacional 'Identidad, racismo y xenofobia en América Latina: una perspectiva interdisciplinaria acerca de un problema complejo'.

Por: Ricardo Bucio Mújica - enero 30 de 2014

El proyecto antidiscriminatorio del Estado mexicano es de aparición reciente. Antes de 2001, año en que se incluye en la Constitución la cláusula que prohíbe las prácticas discriminatorias en nuestro país, la discriminación era un fenómeno invisible para las leyes y las instituciones públicas y, sin embargo, muy presente y gravoso para millones de personas que sufrían y aún sufren sus estragos.

Gracias al proceso de visibilización constitucional y legal de la discriminación, el derecho de toda persona a no ser discriminada ha entrado en la agenda pública de la Nación y, junto con los avances innegables que ha traído, ha dado lugar también a discusiones y críticas acerca de su validez y sus alcances. Esto no es raro, en todos los países que han reconocido este derecho se han abierto debates de este tipo y el nuestro no tendría por qué ser la excepción. En el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), que es el órgano gubernamental encargado de coordinar la política antidiscriminatoria del gobierno de la República, consideramos que una de las mejores rutas para acreditar este nuevo derecho es la del impulso de una amplia discusión pública del mismo.

Uno de los debates acerca de este derecho, que por diversas vías se ha planteado en la opinión pública, es el relativo a su difícil relación con la libertad de expresión. En efecto, existe no sólo una discusión intelectual acerca de la relación entre ambos derechos sino una genuina problemática jurídica, política y cultural construida en torno de sus disonancias y conflictos. Como ha sostenido el jurista Pedro Salazar, miembro de la Asamblea Consultiva del Conapred siendo la libre expresión un derecho de libertad y la no discriminación un derecho de igualdad, no es extraño que surjan entre estos desbalances y rispideces.

Existe además una razón genética para una continua disonancia entre ambos: las prácticas discriminatorias tienen en el lenguaje su vehículo de transmisión y reproducción. Los prejuicios colectivos y la estigmatización de los grupos que sufren discriminación son procesos sociales que se realizan a través de la comunicación lingüística, de la interacción simbólica y del dominio cultural. La discriminación nunca es un hecho espontáneo; detrás del acto discriminatorio funciona un entramado de creencias y opiniones que se han formado y que en general se expresan a través del lenguaje. El edificio de la cultura discriminatoria está construido con ladrillos de palabras, por eso el cambio cultural que conduce a la igualdad de trato o no discriminación tiene que pasar, entre otras vías necesarias, por la reforma del lenguaje despectivo que perpetúa el prejuicio y predispone a las personas a los actos discriminatorios.

Al mismo tiempo, la elección libre del discurso propio, la expresión sin cortapisas de las ideas y la posibilidad de criticar mediante el uso de la palabra el orden actual de las cosas encuentran también en el lenguaje su vehículo de realización. La libre expresión es vehículo de la libertad humana y vehículo de los prejuicios colectivos, y a veces es ambas cosas a la vez. Esa condición dual lo convierte en muchas ocasiones en aliado de la igualdad de trato, y en otras, sobre todo cuando se extrema en el desprecio a grupos humanos, en una amenaza para tal igualdad.

Es una ilusión pretender que las palabras son realidades etéreas que carecen de resultados prácticos. Como la historia ha mostrado de manera trágica, los prejuicios repetidos una y otra vez acerca de un grupo humano fomentan su trato desigual y en el extremo conducen a ponerlo en riesgo vital. Lo que debe discutirse con seriedad, empero, es la naturaleza de los medios democráticos que han de usarse para proteger a los grupos frente a las expresiones discriminatorias y cuáles deben ser las acciones de un Estado garantista. No se trata de un tema de fácil resolución. Incluso los sistemas constitucionales contemporáneos, poseedores de un agudo olfato antidiscriminatorio, han dividido criterios al respecto. Mientras que la vigente interpretación judicial de la Primera enmienda de la Constitución norteamericana prácticamente da vía libre a la circulación de discursos de odio, el modelo constitucional de los países europeos persigue judicialmente las expresiones que tienen el potencial de denigrar, difamar o poner en riesgo vital a grupos humanos discriminados aunque no se viertan en actos tangibles. En nuestro país, empezamos apenas a plantearnos en serio esta discusión.

Afortunadamente, contamos con algunos recursos que nos permiten emprender la difícil tarea de equilibrar ambos derechos humanos. Tras la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos de junio de 2011, disponemos de criterios sólidos para enfrentar el desafío de armonizar la garantía de tales derechos. En el artículo 1º, párrafo 3º de la Constitución se establecen los principios que han de guiar la garantía o realización de los derechos humanos estipulados en nuestra Carta Magna, y entre ellos destacan los de “interdependencia” e “indivisibilidad”. El mandato constitucional es claro y directo: no se puede hacer vigente un derecho humano de manera unilateral, y menos se puede disminuir o sacrificar un derecho para dar realidad a otro.

Es cierto que algunos programas antidiscriminatorios nacionales han dado lugar a modelos coactivos y hasta autoritarios de corrección política que ponen en grave riesgo a la libertad de expresión, pero no es el caso de México. La agenda discriminatoria no puede convertirse en un programa político de reducción de la libre expresión y el Conapred en modo alguno actúa ni debe actuar como una “policía del lenguaje”, aun y cuando en muchas ocasiones lo piden.

A la vez, el Conapred está obligado por la norma legítima y democrática que lo constituye a promover la construcción de una cultura de la no discriminación y del respeto a las diferencias, y esta tarea lo inserta de lleno en el intercambio público de las ideas y las opiniones. Cuando por ejemplo señala y critica la abundancia de expresiones denigrantes (racistas, sexistas, homofóbicas, xenofóbicas, etcétera) que circulan hoy en día en las redes sociales o los medios de comunicación, la autoridad antidiscriminatoria ejerce la tarea de información y de buscar la reforma cultural que la ley le impone. No castiga la expresión libre, pero al contribuir a un ambiente de opinión, incentiva a quienes la ejercen a que formen parte de una conversación democrática cuya consecuencia práctica no puede ser nunca el daño a los derechos humanos.

Cuando, por lo demás, el Conapred critica las expresiones que lastiman la dignidad humana, no lo hace sobre la base de una idea subjetiva o religiosa de la misma, sino a partir del discurso de los Derechos Humanos, que en textos obligatorios para nosotros como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo primero de nuestra Constitución o la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación asocian la dignidad de toda persona con su condición de ser sujeto inviolable de todos los derechos humanos, incluido, desde luego, el de libre expresión.

No existe ninguna garantía de que los derechos de libre expresión y no discriminación alcancen un punto de perfecto equilibrio y sintonía permanente, pero una política integral de promoción, respeto, protección y garantía de todos los derechos humanos (como quiere nuestra Constitución) permitirá la reducción de sus mayores conflictos y abonará el camino de su necesaria convivencia.

*Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). @ricardobucio

Publicado en sinembargo.com.mx