Por: Krishna Julio Espinoza Perez
Según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), uno de cada diez peruanos es migrante; es decir, vive, trabaja y/o estudia en otro país, enfrentando, en muchos casos, situaciones de discriminación, racismo, xenofobia y violencia, problemas que también afectan a migrantes de diferentes nacionalidades alrededor de todo el mundo.
Estos fenómenos se encuentran intrínsicamente relacionados; es decir, la discriminación, entendida como el trato diferenciado por la condición de migrante; el racismo, referido a la distinción o restricción por motivos de raza, lengua u origen; o la xenofobia que se manifiesta en el rechazo a lo extranjero; suelen desencadenar en manifestaciones de violencia, como discursos de odio, agresiones físicas, persecuciones, entre otras. Estos tres fenómenos se originan a partir de un conjunto de ideas e imaginarios sociales que parten de información inexacta y/o falsa, que usan generalizaciones y estereotipos negativos de ciertos grupos -raciales o de migrantes- para justificar actos que tengan por objetivo o como consecuencia limitar el ejercicio de sus derechos.
Esta problemática viene siendo abordada por diversos actores y organismos internacionales, quienes, a través de conferencias, convenciones y documentos, plasman su preocupación por cómo los Estados atienden estos problemas, con el objetivo de “promover y estimular el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”[1].
En ese sentido, la Declaración y Programa de Acción de Durban (2001) consagran el compromiso de la comunidad internacional de luchar contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia en el plano nacional, regional e internacional, señalando recomendaciones para combatir la discriminación contra los diferentes grupos afectados, dentro de ellos, los migrantes, haciendo énfasis en las acciones preventivas, sobre todo en el campo de la educación y la sensibilización; así como adoptar acciones para combatir la incitación al odio racial en los medios de información; además de crear oportunidades de igualdad para las víctimas del racismo, la discriminación y la xenofobia.
Cabe señalar que, el Perú es un país democrático y respetuoso de los derechos fundamentales, por lo que rechaza toda forma de discriminación; considerando esta como un delito, según lo estipulado en el artículo 323° del Código Penal. Asimismo, hay que recordar que, la situación futura deseada de la Política Nacional de Cultura establece como meta al año 2030 la reducción de las prácticas de racismo y discriminación étnico–racial han. En este sentido el Estado viene implementado diversas acciones que buscan garantizar y promover la diversidad cultural y el trato igualitario de todos los ciudadanos.
Camino a la conmemoración de los doscientos años de vida republicana del Perú, es importante revisar y reflexionar acerca de las grandes olas migratorias a lo largo de la historia y la gran contribución que las diferentes culturas y grupos étnicos han brindado en múltiples ámbitos. Ello nos permitirá construir una relación armoniosa y de respeto con las poblaciones diversas que habitan en este territorio.
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[1] Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 2106 A (XX), de 21 de diciembre de 1965. Entrada en vigor: 4 de enero de 1969, de conformidad con el artículo 19.