Tras tres años de lucha legal, la afroperuana Azucena Asunción Algendones tuvo éxito en el proceso judicial contra sus empleadores por discriminación. Todo empezó con una denuncia que hizo contra una compañera que la llamaba “negra cocodrilo”. Desde entonces, los malos tratos en su centro de labores se recrudecieron. La injusticia debía parar y, para ello, se enfrentó a un sistema que parece no estar muy preparado para revertir la situación, aunque ella lo hizo y generó un precedente. Esta es su historia.

Azucena Asunción Algendones sabía que tenía suficientes razones para lograr una sentencia favorable sin precedentes. Era consciente de que sus victimarios actuaban (o se mantenían en la inercia) por desconocimiento, por falta de empatía; porque, así como victimarios, también eran víctimas de una sociedad altamente racista y discriminadora, donde esto es “normal”, donde son pocos los que buscan evitar el perjuicio de sus derechos y, mucho menos, los que pueden atender a estos pocos que quieren llegar al final del asunto.

A Azucena la insultaron, la cambiaron de puesto sin un fundamento real, le negaron el acceso a su centro de labores; como trabajadora, primero; y como ciudadana, después. Fue humillada y sus denuncias fueron desestimadas por sus superiores, quienes debieron parar el hostigamiento que sufrió por parte de una compañera, que la llamaba “negra cocodrilo”. Por el contrario, castigaron su búsqueda de justicia con más injusticia: con el argumento de una política de rotación de la empresa SEDAM-Huancayo en la que prestaba servicios, la cambiaron de sede desatendiendo su condición de persona con discapacidad, le encargaron al personal de seguridad que impidiera su ingreso por no ser trabajadora de la sede en la que estaba y, finalmente, cuando quiso acceder mostrando su DNI, ya no como trabajadora, sino como ciudadana, también se encontró con una absurda y arbitraria negativa.

Todo esto se lee en la sentencia N.° 479-2015-2JPL-PJ-CSJJU, en la que se condena a los señores Luis Alberto Pérez Peralta y Augusto Gianni Santisteban García, Gerente y Jefe del Área de Recursos Humanos de SEDAM-Huancayo, respectivamente, a tres años de pena privativa de la libertad y al pago de una reparación civil de cinco mil soles a favor de Azucena, por el delito de discriminación.

Tuvieron que pasar más de tres años para que esta sentencia se diera. Una sentencia histórica pues, si bien es cierto, no es el primer caso de sentencia por discriminación, sí es la primera que incluye la variable étnico-racial para su fallo. A Pérez Peralta y Santisteban García los condenaron por discriminación laboral pues, como indica la sentencia, “la discriminación laboral se produce cada vez que se escoge o rechaza a un trabajador por razón de su origen, sexo, raza, color, orientación sexual, religión, opinión, condición económica, social, idioma o de cualquier otra índole”. En ese sentido, los acusados son sentenciados por “haber discriminado, en su condición de funcionarios públicos, el accionar laboral de la agraviada, no solo por su color de piel, sino también por su condición de dirigente sindical en SEDAM-Huancayo y por su condición de discapacitada, resaltándose que los actos discriminatorios se habrían iniciado luego que la agraviada formulara una denuncia laboral por motivos raciales contra la trabajadora de SEDAM Judith Pérez Huaynate”. Y continúa: “Si bien es cierto, no es materia de investigación los actos que habría cometido la señora, Judith Pérez Huaynate, sin embargo, constituyen precedentes sobre los actos de discriminación de la que sería víctima la agraviada. Asimismo, el solo hecho de haberse dispuesto la rotación de la agraviada a otra sede de SEDAM no constituye en sí un acto de discriminación, sin embargo, teniendo en cuenta los antecedentes, así como las circunstancias posteriores se puede concluir que efectivamente hubo discriminación de parte de los acusados para con la agraviada…”.

De esta manera, queda claro que la sentencia se dio por discriminación. Aunque no se da por discriminación racial directamente, se considera este elemento como fundamental en los antecedentes y los actos posteriores que concretaron el acto de discriminación contra Azucena.

Largo camino

La ausencia de jurisprudencia en el tema hizo que, en su búsqueda de representación legal, Azucena se encontrara con abogados que desestimaron su caso al no encontrar forma de ganar el juicio; sin embargo, insistió, amparada en la seguridad de tener la razón y, sobre todo, en el Código Penal, que sanciona la discriminación, en su artículo 323, con una pena que va de tres a cuatro años de cárcel. Finalmente, se encontró con el abogado Iván Cárdenas, quien asumió el caso con total compromiso. “Busqué abogado y no había hasta que encontré este abogado que conocía el tema; se identificó mucho, no solo como profesional, sino como ser humano”, declaró Azucena en una entrevista para Alerta Contra el Racismo.

Con el apoyo legal, el camino resultaba todavía difícil, aunque ya se podía trazar una ruta con una meta con la palabra “Justicia” en el cintillo. Entonces fue cuando apareció el apoyo de instituciones del Estado. Alerta Contra el Racismo, del Ministerio de Cultura, encarnada en Gabriela Perona; Adolfo Ibarra, de la Defensoría del Pueblo; Pablo Mercado, Coordinador Regional del CONADIS-Junín (por su condición de persona con discapacidad) fueron las instituciones y, sobre todo, las personas que la acompañaron en este largo proceso.

Juntando pruebas, testimonios y demás argumentos, se luchó hasta conseguir el fallo favorable. Azucena, desde entonces, ha renovado su confianza en la justicia peruana. “Es reconfortante”, ha dicho. Confió, creyó y logró su recompensa.

Hoy, Azucena es consciente de que su caso es un precedente y un ejemplo que todas y todos los ciudadanos debiéramos seguir reivindicando nuestro derecho a no ser discriminados ni maltratados, humillados ni ofendidos por nuestro color de piel, por nuestras características físicas, ni por ninguna razón que refleje quiénes somos y de dónde venimos. Desde entonces, Azucena no busca venganza, sino el reconocimiento que nunca se le debió negar, y desde esta posición de precursora de la lucha contra la discriminación racial deja una frase para la reflexión: “nadie nace siendo racista”.

Por otro lado, se emitió la sentencia por casación laboral N° 9149-2015, en la que se declara fundad la solicitud de Azucena de cese de actos de hostilidad contra su persona por insultos y manifestaciones racistas en su contra.

Debemos saber que el racismo se aprende, probablemente de manera inconsciente, y que está en cada uno de nosotros darnos cuenta de ello para generar el cambio que nuestra sociedad necesita; y poder consolidar, así, un país libre de discriminación, donde los derechos de todas y todos sean respetados. Esto lo supo Azucena siempre, y esta es la lección que nos deja su historia.